El Río

Imagen tomada de: blogs.elespectador.com

Con un proyecto de ley que empezará a recolectar firmas, más de 12.000 gestores de acueductos comunitarios esperan salir de un limbo legal.

Para un bogotano podría ser raro escuchar que solo en la capital existen 32 acueductos comunitarios. Para un paisa, que en Medellín el número llega a los 26. Y para un llanero, que en Villavicencio, la puerta de entrada a esa región, el número pasa de los 100.

“Los acueductos siempre han estado allí”, dice Javier Márquez, vocero del Comité Nacional de enlace de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios. Y es cierto: quien se inmiscuya en el subsuelo de los barrios más antiguos de las ciudades encontrará los restos, como fósiles, de los primeros sistemas de acueducto y alcantarillado comunitarios. Y si bien en la actualidad estas tuberías atienden a los barrios periféricos de las ciudades, en el campo son una red tan extensa como variada.

Según la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, existen por lo menos 12.000 acueductos gestionados por la gente que surten de agua a las veredas más recónditas. No hay números exactos sobre esta telaraña de tubos y aljibes que se trazan sobre campo colombiano. Pero Pedro Ojeda, del Instituto Mayor Campesino, cree que pueden ser unos doce millones de personas que se benefician de este tipo de gestión del agua. Aun así, no hay una ley que les diga: “ustedes existen”.

Por eso, la red está recogiendo firmas para llevar un proyecto de ley al Congreso en el que el Estado reconozca la gestión comunitaria de agua. Para ellos, las leyes actuales ignoran por completo cómo funcionan y les piden cumplir requisitos impensables, lo que les impide funcionar de manera completamente legal.

El Estado jamás se ha sentado a entender las redes de acueductos comunitarios. De ahí que el único decreto que dice que las comunidades sí tienen permiso para gestionar su agua (el 421 del año 2000), los obliga a organizarse como personas jurídicas sin ánimo de lucro. Pero esa figura no funciona: muchas veces implica que 20 o 30 familias campesinas, de un municipio categoría 6 –es decir, muy pobre– se metan en trámites para pasar a llamarse corporación, cooperativa o asociación, con toda la carga en impuestos, permisos y concesiones que eso implica.

De hecho, el proyecto de ley propone que los concejales eximan a las comunidades organizadas del impuesto de industria y comercio. “Es que la forma como nosotros gestionamos los recursos no es mediante la imposición de una tarifa, sino que acordamos entre vecinos cuánto podemos dar para mantener funcionando el acueducto y para hacer las inversiones necesarias para mantener o mejorar el servicio”, explica Maya Pinzón, de la Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá.

Ese trabajo con las uñas impide que algunos acueductos entreguen agua potable a quienes la usan. Los datos más actualizados de la Organización Mundial de la Salud señalan que del 86 % de campesinos que acceden al menos a una fuente de agua potable, solo el 40 % tiene acceso a agua tratada. Por eso, los campesinos le proponen al Estado una cogestión de las redes, para poder meterle la ficha a la potabilización, “eso sí, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada comunidad”, dice Javier Márquez.

Y es que mientras en los Llanos Orientales se hace impensable potabilizar en la tubería central, y por eso cada familia tiene un filtro; en los páramos, echarle cloro a un agua que acaba de nacer –que es una exigencia actual de la ley– suena ilógico. En el Caribe, donde el agua sale de acuíferos, el problema más grave es el de los residuos sólidos, no el de contaminación con metales pesados, por ejemplo.

A pesar de las diferencias, todos coinciden en que ganadería y la agricultura en zonas clave para los nacimientos y la explotación minera mal hecha son los peores enemigos para la supervivencia de sus acueductos. Los campesinos reconocen su propia responsabilidad en el problema, pero dicen que los grandes monocultivos e industrias deben hacer lo mismo.

El congresista Víctor Correa, quien junto a la senadora Angélica Lozano están impulsando la iniciativa, dice que además de gestores del agua, las comunidades organizadas “son sus guardianes”. Marta Botero, de la red de acueductos comunitarios de Antioquia está segura de que “la mejor potabilización es el cuidado de las fuentes de agua”.

El proyecto de ley no pide mucho: que se revisen las leyes anteriores que los ha invisibilizado, y que los eximan de impuesto como el de industria y comercio para poder legalizarse. Que el estado cogestione con ellos los acueductos, controlando la calidad de su agua pero aportando para mejorarla, y sobre todo, que los ayude a gestionar mejor sus aguas residuales. Pero sobre todo, que dejen de tratarlos como si no recorrieran buena parte del suelo colombiano.

Fuente: blogs.elespectador.com