Implicaciones jurídicas del Proyecto de Ley No.087 de 2014 en la Protección de los Derechos de los Animales

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El presente escrito tiene por objeto realizar una presentación general del Proyecto de Ley No.087 de 2014, aprobado en último debate del pasado 2 de diciembre de 2015, "por el cual se modifica la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección Animal), el Código Penal, y el Código de Procedimiento Penal, y cuyo propósito principal consiste en hacer más efectivo el cumplimiento de las normas de protección animal".

El Proyecto de Ley fue presentado el 4 de septiembre de 2014, por parte del congresista del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, el cual contaba con apoyo de organizaciones animalistas, quienes llevaban varios años trabajando para lograr la aprobación de una iniciativa legislativa que permitiera regular algunos vacíos del Estatuto Nacional de Protección Animal, tras varios intentos fallidos.

Las modificaciones del Proyecto de Ley se podrían catalogar como de tipo sustancial y procedimental, del Estatuto Nacional de Protección Animal (Ley 84 de 1989), y al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, agregando nuevos tipos penales, como se procederá a reseñar a continuación:

1. Modificaciones de tipo sustancial respecto a la Ley 84 de 1989

Como cambio sustancial respecto de la Ley 84 de 1989 se advierte el hecho de referirse a los animales como “seres sintientes”, sujetos de especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos.

Esta definición tiene especial relevancia en la protección de los derechos de los animales, por cuanto les reconoce subjetividad animal, y como tal, la titularidad de derechos, que deberán ser protegidos por el Estado, y que podrían ser exigibles por los ciudadanos de manera directa e independiente, y no sólo en la medida en que son objetos de derecho, cosas o bienes muebles sujetos de apropiación por parte de las personas, como los concebía el Código Civil colombiano, al que debe remitirse para interpretar la Ley 84 de 1989, en cuanto no contiene una definición de los mismos.

Al respecto, es preciso tener en cuenta que la Ley 84 de 1989 sólo establece deberes para con los animales y prohibiciones de conductas; mientras que el Proyecto de Ley contiene el Principio de Protección Animal, señalando que el trato a los animales se basa en “el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel”; de la cual se podrían derivar los derechos de los animales.

2. Modificaciones de tipo procedimental respecto a la Ley 84 de 1989

De acuerdo con la exposición de motivos del Proyecto de Ley, la ineficacia de la Ley 84 de 1989, se debe en gran medida por las sanciones irrisorias que contemplaba, y la falta de claridad respecto a los procedimientos y competencias de tipo administrativo, para realizar decomisos e iniciar procedimientos sancionatorios contra las personas que infringen los deberes, prohibiciones y con el presente Proyecto Ley, los derechos de los animales.

Conforme a lo anterior, el Proyecto de Ley introduce al ordenamiento jurídico las siguientes novedades: (I) En relación a la competencia y procedimiento para imponer sanciones de tipo administrativo por conductas constitutivas de crueldad contra los animales, señala que corresponderá a los alcaldes, a los inspectores de policía, y en el Distrito Capital de Bogotá a los inspectores de policía, y que podrán trabajar de manera armónica con otras entidades, y se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009; (II) Actualiza las sanciones pecuniarias de la Ley 84 de 1989, estableciendo multas entre cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes; (III)Dispone que los dineros recaudados por conceptos de multas se destinarán a las Juntas Defensoras de Animales de la respectiva entidad territorial donde se presentaron los hechos, que los destinará de manera exclusiva a la formulación, divulgación, ejecución y seguimiento de políticas de protección a los animales, campañas de sensibilización y educación ciudadana en esta materia, y (IV) Regula la competencia de la Policía Nacional para aprehender de manera preventiva cualquier animal que se encuentre en situación de vulnerabilidad por parte de su dueño de manera injustificada, señalando el procedimiento respectivo.

3. Modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal

El Proyecto de Ley adiciona al Código Penal el Título XI-A De los Delitos contra los Animales, que tiene por objeto salvaguardar el bien protegido de “la vida, la integridad física y psicológica de los animales”, estableciendo en el artículo 339A un tipo penal que tipifica la conducta del maltrato animal (doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado), causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales vigentes. Asimismo, establece la competencia de los jueces municipales para conocer de dichos delitos.

De esta forma, se observa que los principales puntos que toca el Proyecto de Ley, representan un importante esfuerzo legislativo para el desarrollo jurídico de la relación del hombre con los animales, logrando así un cambio de paradigma respecto a la forma de concebir la protección de éstos, y para fortalecer y llenar los vacíos contenidos en la Ley 84 de 1989, respecto a la competencia y procedimiento de las autoridades para iniciar los procesos sancionatorios administrativos y penales.

De esta manera, se espera lograr mayor efectividad en la protección de los derechos de los animales, brindando así la oportunidad de que puedan materializarse, y lograr un desarrollo más integral del tema, a nivel de actuaciones administrativas y jurisprudenciales.

Escrito por: María Paulina González Gil